Más allá del Desarrollo Alternativo y REDD: políticas integrales para el Pacífico
Álvaro Arroyo · · Litoral Pacífico
La región del Pacífico atraviesa una crisis ambiental y productiva que no puede solucionarse solo con programas para reducir cultivos ilícitos y deforestación. Los cultivos de uso ilícito son uno de los principales motores de degradación; en 2015 aumentaron un 39 %, pasando de 69,000 a 96,000 hectáreas. El incremento fue del 52 % en resguardos indígenas, 51 % en territorios de comunidades negras y 13 % en parques naturales. La región Pacífica representa el 42 % del total nacional con 40,594 hectáreas sembradas.
Factores que impulsan la coca
Diversos factores se refuerzan entre sí, dificultando la reducción de cultivos. Entre ellos destaca el aumento del precio de la hoja de coca, que supera al de los productos agropecuarios y actúa como incentivo para las actividades ilegales.
La relativa estabilidad del precio, el suministro de semillas, insumos y dinero adelantado por los compradores y la reducción del riesgo asociado al cultivo de coca hacen que estas condiciones superen las de la agricultura legal. Además, la posibilidad de recibir beneficios por la eliminación de los cultivos sin medidas de verificación ni fortalecimiento de la administración territorial agrava la situación.
Fumigación vs. alternativas
La reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato, propuesta por el fiscal Néstor Humberto Martínez, genera controversia. Organizaciones étnicas, campesinas, académicos y ambientalistas se oponen tajantemente, pues la fumigación profundiza la crisis humanitaria y acelera la pérdida de biodiversidad.
Evaluación de PDA y REDD
Los programas de Desarrollo Alternativo (PDA) surgieron en los años ochenta como respuesta al aumento de cultivos ilícitos y buscan reducirlos mediante desarrollo rural. Los proyectos REDD buscan reducir emisiones causadas por deforestación y degradación.
Sin embargo, Arroyo señala que son insuficientes: históricamente han sido liderados por agencias internacionales sin control gubernamental, excluyendo la voz de las comunidades. En ocasiones incluso se les exige que asuman responsabilidades del Estado, como construir infraestructura o prestar servicios públicos.
Hacia un bienestar rural integral
Si existe interés real en recuperar el territorio rural, proteger la biodiversidad y erradicar los cultivos ilícitos, se necesitan políticas y programas de bienestar rural de gran envergadura. Esto incluye presupuesto y asistencia técnica, acceso a capital, educación superior, tecnologías y mercados que valoren la protección ambiental.
Arroyo recuerda que estos territorios son dispersos, de ecosistemas frágiles, con altos niveles de pobreza y vulnerables a la minería ilegal, la deforestación y grupos armados. Los proyectos deben contar con acompañamiento estatal de largo plazo y ser financiados principalmente por el Estado.
Mensajes y resultados clave
- Crisis ambiental y productiva En 2015 los cultivos ilícitos aumentaron 39%, afectando resguardos indígenas, territorios afrocolombianos y parques naturales.
- PDA y REDD insuficientes Históricamente liderados por agencias internacionales, excluyen la voz de las comunidades y son de corto plazo.
- Fumigación agrava la crisis La fumigación aérea con glifosato profundiza la crisis humanitaria y acelera la pérdida de biodiversidad.
- Bienestar rural integral necesario Se requieren políticas de gran envergadura con presupuesto, asistencia técnica, acceso a capital, educación y mercados.
Próximos pasos
- Diseñar políticas y programas de bienestar rural integral con financiamiento de largo plazo.
- Garantizar participación efectiva de las comunidades en el diseño e implementación de proyectos.
- Rechazar la fumigación aérea con glifosato y priorizar alternativas productivas sostenibles.
- Fortalecer la presencia estatal con inversión en educación, infraestructura, asistencia técnica y acceso a mercados.
Conclusión
Si existe interés real en recuperar el territorio rural, proteger la biodiversidad y erradicar los cultivos ilícitos, se necesitan políticas y programas de bienestar rural de gran envergadura. Los proyectos deben contar con acompañamiento estatal de largo plazo, ser financiados principalmente por el Estado e incluir la participación efectiva de las comunidades.