Resistencia comunitaria a los cultivos ilícitos en Buenaventura: evidencia de un consejo afrocolombiano

Contexto: biodiversidad y presión de las economías ilícitas

El litoral Pacífico colombiano es una de las regiones más biodiversas del mundo. Sin embargo, ha experimentado un incremento sostenido de cultivos ilícitos en los últimos quince años. El municipio de Buenaventura, con más de cuarenta consejos comunitarios que concentran alrededor de una cuarta parte de los territorios colectivos de comunidades negras del país, presenta un caso particular: pese a tener condiciones que facilitan la expansión de la coca (pobreza, débil presencia estatal y contagio por proximidad), mantiene una baja proporción de cultivos ilícitos —menos del 2 % del total regional. La investigación se pregunta por qué.

La Ley 70 de 1993 y la titulación colectiva

El estudio recuerda que la Constitución de 1991 incorporó el artículo transitorio 55, que dio origen a la Ley 70 de 1993. El objetivo de esta ley fue reconocer la presencia histórica de las comunidades negras en los territorios del litoral Pacífico y otorgarles el derecho formal a la propiedad colectiva. La Ley 70 estableció la creación de consejos comunitarios como estructuras de gobernanza integradas por un representante legal, una junta y una asamblea general. Para obtener títulos colectivos, las comunidades debían conformar estos consejos.

Actualmente existen más de 170 consejos comunitarios que representan casi seis millones de hectáreas de propiedad colectiva. A pesar de los avances en titulación y reducción de la deforestación, el reconocimiento jurídico no se tradujo automáticamente en mayores niveles de desarrollo, y las comunidades afrocolombianas continúan enfrentando pobreza y violencia.

El caso de un consejo comunitario que resiste

El consejo comunitario estudiado fue creado en 1998 y obtuvo la titulación colectiva en 2000. Hoy administra más de 52,144 hectáreas y reúne 12 veredas con aproximadamente 2,900 habitantes. Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia, la pesca, la minería de oro a pequeña escala y la extracción de madera.

El acceso al territorio se realiza sólo por vía marítima y fluvial, lo que incrementa su aislamiento. Aun así, el Consejo se destaca por su historia de resistencia y movilización social contra la violencia y las economías ilícitas.

Mecanismos de resistencia: capital social y liderazgo colectivo

Los investigadores plantean que la variación en la presencia de cultivos ilícitos se explica por el nivel de liderazgo y la capacidad organizativa de las comunidades como manifestaciones de su capital social. El artículo argumenta que la mayor dotación de capital social en el consejo analizado se debe a tres condiciones interrelacionadas:

1. Complementariedad funcional entre organizaciones de base

La comunidad gestiona la diversidad institucional creada por la Ley 70 permitiendo que distintas asociaciones y grupos se complementen, evitando la fragmentación y fortaleciendo la gobernanza.

2. Ejercicio del liderazgo colectivo

Las decisiones se toman de manera participativa y se aplica un liderazgo distribuido, respaldado por reglas de gobernanza claras.

3. Influencia de liderazgos fundacionales

Los líderes que impulsaron la titulación colectiva y la organización del consejo siguen siendo referentes morales y políticos, transmitiendo valores de cuidado del territorio.

Declaración de principios y minga de erradicación

Una característica distintiva del consejo es su declaración de principios comunitarios y ambientales. En 2004 decidió prohibir la siembra de cultivos ilícitos y la minería mecanizada porque consideraba que amenazaban el territorio. Para hacer cumplir esta decisión, la comunidad ha utilizado varias estrategias: colocar pancartas con mensajes contra la coca y la fumigación, realizar mingas de erradicación manual y movilizaciones colectivas.

En 2007 los líderes convocaron a una asamblea extraordinaria al detectar brotes de coca. Después de debates internos, organizaron una minga que reunió a unas 250 personas para erradicar manualmente 25 hectáreas de coca. La comunidad asumió riesgos y enfrentó amenazas, pero priorizó el bienestar colectivo y la conservación del territorio. La magnitud de la movilización disuadió a los cultivadores y abrió el camino para buscar alternativas económicas.

Mensajes y resultados clave

• Resistencia comunitaria reduce intervención estatal Al mantener el territorio libre de cultivos ilícitos, la comunidad evita fumigaciones y operaciones militares que afectan la salud y el medio ambiente.
• Economías alternativas son esenciales Muchas personas que sembraron coca lo hicieron ante la falta de alternativas económicas. Después de la minga, los líderes se concentraron en buscar proyectos productivos para la comunidad.
• Experiencia difícilmente transferible Las tres condiciones que explican la resistencia —complementariedad organizativa, liderazgo colectivo e influencia de líderes fundacionales— son específicas de este consejo y no se pueden replicar fácilmente en otros contextos.
• Política pública diferenciada Las comunidades con mayor capital social pueden resistir mejor las economías ilícitas. Por tanto, la política antidrogas debe fortalecer las organizaciones de base y reconocer la diversidad institucional generada por la Ley 70.

Próximos pasos

• Fortalecer las organizaciones de base en los consejos comunitarios para aumentar su capital social y capacidad de resistencia.
• Diseñar políticas antidrogas diferenciadas que reconozcan la diversidad institucional y la autonomía comunitaria.
• Impulsar proyectos productivos y alternativas económicas sostenibles para las comunidades del Pacífico.
• Garantizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre su territorio.

Conclusión

El caso de este consejo comunitario afrocolombiano muestra que el capital social y el liderazgo colectivo son factores decisivos para resistir la expansión de las economías ilícitas. La Ley 70 de 1993 brindó un marco jurídico para la propiedad colectiva, pero fue la organización interna y la articulación de distintas formas de liderazgo lo que permitió a la comunidad mantener su territorio libre de coca y minería mecanizada. Las estrategias basadas en principios comunitarios, movilización colectiva y búsqueda de alternativas económicas demuestran que la resistencia no depende únicamente de la acción estatal. Las lecciones de esta experiencia pueden inspirar políticas públicas que prioricen la autonomía, la participación y el fortalecimiento del capital social en las comunidades afrodescendientes.